¿Qué es una licitación?

Licitaciones en materia de telecomunicaciones


I. Licitación.


La licitación es un procedimiento jurídico-administrativo, por virtud del cual la Administración Pública elige a la persona con la cual habrá de celebrar un convenio el cual puede tener diferentes objetos.


La licitación es un procedimiento utilizado para dos tipos de operaciones grosso modo: 1) para que el Estado adquiera bienes o servicios de los particulares, y 2) para que el propio Estado concesione a los particulares el uso de un bien del dominio público de la Nación o la prestación de un servicio público.

 

La tramitación de la licitación, además de perseguir como finalidad asegurar para la Administración Pública las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, también contempla la eficiencia, eficacia y honradez (1).


Como mencionamos, las licitaciones pueden ser entendidas en el contexto de la contratación de un particular por parte del Estado para realizar determinada obra, proveer determinado servicio o bien para el uso o aprovechamiento de los bienes de la nación.


Por ejemplo, en el caso de la contratación de un particular para llevar a cabo una obra pública como la construcción de una carretera, resulta incuestionable que es necesario que esa contratación se realice con la persona o grupo de personas que garanticen al Estado y, por lo tanto, a los ciudadanos que se verán beneficiados por la construcción de la carretera, las mejores condiciones en cuanto a precio (no debemos olvidar que se trata de manejo de recursos públicos), pero también en cuanto a calidad, ya que no basta que se trate de un contratista que ofrezca cobrar menos por la construcción de la carretera si ésta se vendrá abajo con la primera tormenta que sufra, además de otros factores que deben tenerse en cuenta, como la capacidad de los participantes para realizar la obra en los plazos y con las condiciones requeridas, entre otros.


Como se ha señalado, la licitación es un procedimiento y como tal, se encuentra integrado por una serie de pasos que, en términos generales, son los siguientes:


a) Preparación de las bases.- Es un procedimiento en el que la autoridad que pretende llevar a cabo una licitación, establece el objeto de la licitación, los requisitos que habrán de cumplir quienes pretendan participar, así como las condiciones generales en las que se desarrollará la licitación y los criterios que serán empleados para determinar al ganador.


b) Publicación de la convocatoria.- Es el llamado a los interesados a participar en la licitación.


c) Publicación de las bases de licitación.- Se ponen a disposición de los interesados las bases de licitación que fueron previamente elaboradas, con la finalidad de que los interesados conozcan los requisitos que deberán cumplir para participar, así como los términos y condiciones.


d) Presentación de propuestas.- Por parte de los interesados que hayan cumplido con los requisitos de participación, es el momento en el que hacen del conocimiento de la autoridad su ofrecimiento respecto al objeto de la licitación. Se realiza de forma secreta, con la finalidad de evitar influir en las ofertas del resto de los participantes.

 

e) Apertura de ofertas.- Se permite a los participantes tener conocimiento de todas las ofertas realizadas.


f) Resolución de la autoridad.- la autoridad determina al participante que haya ofrecido las mejores condiciones al Estado o, en su caso, declara que ninguno de ellos lo hizo.


g) Formalización del acto, objeto de la concesión. La autoridad y el participante ganador formalizan el acto para el cual se realizó la licitación (por medio de la firma del contrato, el otorgamiento de una concesión, etc.)


h) Inicio de la obra o prestación de servicios.


Principios que deben regir en la licitación pública:


a) Concurrencia de participantes.- Resulta indispensable que asista el mayor número de aspirantes posible para asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.


b) Igualdad.- Se refiere al tratamiento indiscriminado de todos los interesados, evitando favoritismos o tolerancias en favor de alguno.


c) Competencia.- Evitar acuerdos entre los participantes para fijar posturas que favorezcan a uno en perjuicio de las mejores condiciones para el Estado.


d) Transparencia.- Tanto para los participantes, en el sentido de que todos conozcan los pasos y consideraciones de la autoridad, así como para la sociedad en general, que le permita conocer el proceso y las consideraciones de la autoridad para seleccionar a uno u otro participante.


  
II. Licitación en materia de telecomunicaciones


Debido a la naturaleza de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, como medios para el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como a la importancia de dichos servicios en materia de seguridad y soberanía nacional, nuestro marco jurídico los ha reconocido como servicios de interés público, por lo que corresponde al Estado su rectoría para garantizar la soberanía nacional, además fomentar una sana competencia entre los prestadores de servicios, por virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 28 constitucional, a fin de que los servicios se presten con mejores precios, diversidad y calidad, en beneficio de los usuarios.


Por otra parte, nuestra constitución también los regula en su aspecto de bienes del dominio de la federación, de forma específica se refiere al espacio situado sobre el territorio nacional, en el que se encuentran las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, así como a la comunicación vía satélite, otorgándole el carácter de área prioritaria para el desarrollo nacional por lo que el Estado al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación. Lo mismo puede decirse de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación(2), por lo que su uso uso, aprovechamiento y explotación debe otorgarse con sujeción a los principios dispuestos por el artículo 134, párrafos segundo y tercero, en relación con los artículos 28, párrafos cuarto y antepenúltimo, 25, 26 y 27 de la Constitución Federal:


 Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.


(…)


El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.”

 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.


(...)

 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado."

 

En materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se prevé la figura de la licitación cuando se pretende utilizar el espectro radioeléctrico (con algunas excepciones como el caso de los permisos de radiodifusión para estaciones con fines educativos no lucrativos, o el espectro para uso experimental en los servicios de telecomunicaciones). En caso de que la prestación de los servicios no involucre el uso de espectro radioeléctrico se requiere un título habilitante pero no se otorga mediante licitación pública. 

 

(1) Lucero Espinosa, Manuel. La Licitación Pública. Ed. Porrúa. México. Pág. 31.
(2) Amparo en revisión 652/2000. Citado en la sentencia de la SCJN a la Acción de Inconstitucionalidad

¿Qué es una licitación?